(EDITORIAL publicado en el quincenario EL TALLÁN
INFORMA, Año VII - Edición Nº 77 - Sullana, marzo del 2013)
No
podemos dejar de referirnos al proceso de revocatoria de la alcaldía de Susana
Villarán, porque es un tema que les compete a todos los peruanos.
La
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos fue promovida por
Henry Pease y en la actualidad tiene una vigencia de casi 20 años y se ha
venido aplicando en diferentes municipios del país y los resultados han pasado
casi desapercibidos. Ha habido localidades donde sus autoridades fueron
revocadas cada vez que ejercían sus funciones y el resultado ha sido
desastroso, toda vez que dichas localidades más bien ha paralizado su
desarrollo.
Recién
con la frustrada revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán y por el enorme
gasto económico que ha significado el proceso, es que se levantan voces de
todos lados para que se revise esta ley o en todo caso se mejore su
normatividad, de tal manera, que de buenas a primeras cualquier personaje de
mente turbia no se atreva a convocar a un proceso revocatorio.
En
Sullana hubo dos intentos revocatorios, uno contra Bardales y otro contra el
actual alcalde Jorge Camino. Ambos procesos abortaron de una manera sospechosa,
toda vez que sus promotores los habrían utilizado en forma de chantaje. Nunca
se investigó los motivos por los que sus promotores desistieron en el intento
revocatorio a estas autoridades.
Ha
tenido que suceder este intento de revocatoria en la capital del país, para
darnos cuenta de lo mal que están diseñadas las normas que rigen esta ley y el
perjuicio que puede causar el proceso al desarrollo de una ciudad como Lima. La
norma, por ejemplo, no contempla sanciones para los revocadores en el caso,
como éste, de obtener un resultado negativo. En el caso de Lima, no se han
demostrado ni fundamentado las razones para la revocatoria del concejo
municipal de Lima, porque la norma legal no es clara al respecto.
Por
si fuera poco las autoridades de la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones
no actuaron legalmente en el proceso de verificación de firmas. Es más el
anterior presidente del JNE sospechosamente adelantó la fecha de la consulta de
revocatoria, a toda vista un acto ilegal.
Lo
cierto que el proceso fracasó en su intento de revocar a la alcaldesa Villarán
y espectro político de cara a las elecciones del 2014, indudablemente variará
mucho y algunos políticos tendrán que pensar mucho en su participación en las
elecciones que se avecinan dentro de dos años.
Ojalá
pues que las autoridades respectivas mejoren las normas de esta Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N.° 26300,
por el bien de la democracia.
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