MÁS DE 35,000 USUARIOS SERÍAN AFECTADOS POR REUBICACIÓN DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

  

Transportistas están de acuerdo con la reubicación

pero con una adecuada planificación

El actual alcalde y sus regidores, que por el hecho de haber sido elegidos con 30% de votación, piensan que una vez que ejercen la autoridad, les da derecho a realizar lo que les da la gana, amparados en el poder que ostentan.

Según la precaria democracia que se ejerce en el país, las autoridades son elegidas PARA SERVIR AL PUEBLO y no servirse del cargo que adquieren en favor de grupo o personal, como así lo demuestran en todas las gestiones municipales.

Si la autoridad municipal tiene claros estos conceptos, el alcalde viajero ha debido ordenar que se considere convocar a la sociedad civil, antes que a nadie, para dialogar y buscar alternativas referentes, en este caso, a la reubicación de los paraderos de transporte interprovincial, de tal manera que los usuarios no se perjudiquen en su economía, tengan garantías y seguridad en la nueva ubicación del terminal terrestre y también que los transportistas brinden un mejor servicio.

El alcalde Carlos Távara no ha considerado que la civilidad es el primer motivo a ser considerado en esta decisión de trasladar al transporte interprovincial a un lugar inhóspito, que no reúne las seguridades ciudadanas y de tránsito. Hay que hacerle recordar al alcalde y sus regidores, que son casi 35,000 personas que se desplazan diariamente en el servicio de transporte interprovincial y que con el pago del pasaje respectivo, el usuario solventa impuestos para la municipalidad a través de las empresas de transporte, es el usuario el que paga el peaje, es el usuario que garantiza la existencia de las empresas de transporte y que muchos de esos usuarios permitieron que Távara sea el actual alcalde.

Sin embargo, el alcalde muy mal asesorado por la incapacidad de sus regidores y funcionarios, pretende este miércoles 6 de abril aplicar una ordenanza fustigando la inmediata reubicación de las empresas de servicio interprovincial a un espacio ubicado al costado de plaza Real, terreno de propiedad de esta empresa privada, amparándose en que las casi 150 unidades que ejercen el transporte de pasajeros, vienen deteriorando las pistas de la ciudad, pistas que si se están dañando no es por el tránsito de estas pesadas unidades, sino por la mala calidad de las obras ejecutadas en esta gestión y en las anteriores.

Que se tengan que reubicar los paraderos de estas empresas fuera del casco urbano, eso está muy bien. Lo que está mal es la forma y desesperación de la reubicación en pleno período lluvioso, que indudablemente el gran afectado es el usuario que tendrá que ir a un lugar que afectará su economía familiar, que correrá el peligro de atravesar las peligrosas vías de la Panamericana y de Tambogrande donde no existe ningún control de tránsito, como semáforos y señales adecuadas, que el usuario estará a expensas de los mototaxistas y la inseguridad ciudadana y por si fuera poco, el lugar indicado como nuevo paradero se convierte en una extensa zona de barro y lagunas, como se puede observar con la lluvia moderada de los días 2 y 3 de abril.

Los transportistas vienen reclamando reuniones desde la anterior gestión y todo el año 2015 con Távara, sin lograrlo. El alcalde, que no entiende lo que es el principio de autoridad, en un momento de diarrea cerebral, ha ordenado que se reubiquen las empresas de transporte y punto. Ha ordenado que la maquinaria nivele el lugar por dentro y fuera y que los transportistas construyan patios, oficinas, embarcadero, baños y otros para comodidad de los usuarios, en un terreno que no es de su propiedad, en un contrato de solo 6 meses firmado con los plaza Real, donde los transportistas se han negado a invertir y, menos por el uso de solo 6 meses del llamado nuevo terminal elaborado en el cerebro del alcalde.

Por otro lado se desconoce las gestiones municipales con las empresas de servicio urbano de pasajeros, empresas éstas, que deben ser consideradas para que amplíen sus rutas hacia el terminal terrestre para dar facilidades al usuario y que no se vea perjudicado en su economía.

Extraoficialmente, según comentarios de los mismos socios, los transportistas agrupados en el Frente de defensa de transportistas interprovinciales del Chira, vienen procesando la posibilidad de organizar un paro indefinido para hacer prevalecer sus derechos y los de los usuarios. Los transportistas están de acuerdo en la reubicación fuera del casco urbano, pero ellos están solicitando se les otorgue el terreno del ex campo ferial, pedido que lo vienen oficiando desde la gestión anterior con Camino Calle y la actual, sin lograr una respuesta. En este aspecto no es obligación de la municipalidad entregar dicho terreno. Desconocemos las intenciones del actual alcalde del uso que se le dará a este terreno del ex campo ferial. Este terreno debe ser destinado para uso de interés público con una infraestructura adecuada y no un simple terminal terrestre y que sería a su vez utilizado como depósito de los ómnibus y a la postre convertido en un corralón de mecánica y depósito de chatarra, imitando los malos ejemplos.

En resumen, no hay capacidad edil para lograr consenso y todo quieren hacerlo a la fuerza. Por ejemplo no hay plan regulador de rutas que requiere la ciudad hace años y que es vital para este caso del “nuevo” terminal terrestre.

No hay seguridad de tránsito en la zona destinada al “nuevo” terminal terrestre, esto es semaforización en las vías Panamericana y Tambogrande que brinde tranquilidad al usuario, transportistas urbanos y al mismo mal necesario como son los mototaxistas. Dicen que para poner un semáforo en las vías a Tambogrande y Panamericana, se requiere permiso del ministerio de Transportes, lo cual resulta inadmisible, porque las necesidades de la población son urgentes y a la burocracia estatal les importa un bledo los requerimientos de esta zona urbana. En Piura, la Panamericana ha sido señalizada con semáforos y ¿por qué no hacer lo mismo en Sullana?.

La autoridad municipal debe convocar a todos los actores de esta problemática, la civilidad organizada, transportistas urbanos e interprovinciales quienes han de aportar alternativas al plan de reubicación del nuevo terminal terrestre presentado por la autoridad municipal para su mejor aplicación. Lamentablemente la comisión de transporte de la municipalidad no tiene absolutamente ningún plan  y por la fuerza quieren imponer un proyecto sin pies ni cabeza que perjudica enormemente a casi 35000 usuarios que a diario transitan por las vías interprovinciales que unen a Sullana con ciudades cercanas. (LFAA)

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