El Perú no
puede sumarse a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y otros
acontecimientos semejantes porque hasta ahora no ha ratificado el Acuerdo
de Escazú.
Un líder
indígena cuestiona que pese a las cifras de violencia contra defensores no se
haya aprobado el tratado ambiental, mientras un especialista explica los
motivos detrás de este vergonzoso vacío.
Oportunidad perdida
En 2020, Perú tuvo su oportunidad para ratificar el primer tratado ambiental de
América Latina y el Caribe que establece disposiciones específicas para la
protección de defensores ambientales.
Además de
garantizar el acceso a los derechos de acceso a la información, participación
pública y acceso a la justicia en materia ambiental, como sostiene el nombre
oficial del acuerdo.
Pese a
las diversas voces que pedían y recomendaban su ratificación -la del
Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo,
organizaciones civiles y pueblos indígenas-, el Congreso lo rechazó.
Con nueve
votos a favor y tres en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso archivó el Acuerdo de Escazú, en 2020.
Pero no
fue de un momento a otro. Detrás de esto hubo toda una campaña de
desinformación promovida por el sector empresarial vinculado a los partidos de
derecha para justificar la decisión.
Decían
que, al ratificar el acuerdo, Perú tendría que ceder el 53 % de su territorio,
entre otros argumentos que fueron desmentidos en su momento por
especialistas consultados por Servindi.
No
obstante, ningún argumento aclaratorio evitó que el 20 de octubre de 2020, la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso votara a favor de archivar la propuesta de ratificación
del acuerdo.
Panorama desolador
Han pasado casi dos años desde entonces, pero lejos de cambiar la situación -como
en Chile, donde se acaba de ratificar el acuerdo-, en Perú la asunción de
nuevas autoridades no ha mejorado las cosas.
Si bien
el ex presidente, Pedro Castillo, se comprometió en campaña a impulsar la
ratificación del acuerdo, no hizo mucho por ello desde que asumió el poder, en
julio de 2021. Además, la decisión final sobre la ratificación o no del acuerdo sigue estando
en manos del Congreso, que no se caracteriza precisamente por su preocupación
en temas ambientales.
Según el
abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, esto último complica la
ratificación del acuerdo debido a que actualmente la correlación de fuerzas
políticas en el Congreso no favorece a este fin. “Tienes un Congreso con
sectores de izquierda progresista que han perdido espacio y una élite política
de derecha a la que no le interesa la protección del medio ambiente, de los
derechos civiles”, señala. A ello, añade, se suma el hecho de que “gente de izquierda radical
termina votando como los de la derecha, así como votaron para elegir a
un Tribunal Constitucional conservador”.
Sin
parlamentarios interesados en la protección del medio ambiente y con sectores
que se alinean según intereses particulares, es difícil lograr la ratificación
del acuerdo, apunta el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Los intereses detrás
Pero no es todo lo que juega en contra de Escazú. Para Ruiz Molleda, lo que
realmente existe detrás del rechazo político hacia este acuerdo es
“un lobby maderero muy fuerte”. “Yo creo que hay muchos
intereses detrás. En primer lugar, hay un lobby maderero muy fuerte,
son los mismos que están detrás de esta Coordinadora por el Desarrollo de
Loreto (CDL)”, dice.
El
letrado hace referencia al grupo encabezado por Christian Pinasco Montenegro,
que recientemente generó indignación por solicitar la derogatoria de una
ley que protege a pueblos indígenas en aislamiento.
En
efecto, Servindi pudo comprobar que este grupo también ha venido promoviendo la
no ratificación del Acuerdo de Escazú, como parte de su agenda para lograr que
se permita la explotación de recursos en territorios indígenas. El
discurso de este grupo es que no se les deja aprovechar estos recursos. Si uno
mira eso y lee “El sueño del celta” de Vargas Llosa, se da cuenta que han
resucitado los caucheros de la novela, comenta el abogado.
En línea
con sus intereses, el colectivo CDL ha logrado sumar el respaldo de Elisbán
Ochoa, el gobernador regional de Loreto, la región amazónica más extensa del
Perú.
Ochoa no
tuvo ningún problema en firmar un pronunciamiento antiderechos
indígenas junto al grupo encabezado por Pinasco, un ingeniero que registra una
condena por corrupción, como reveló Servindi.
Este
medio también ha expuesto los vínculos que tiene esta agrupación con
empresarios y personajes cercanos al fujimorismo interesados
particularmente en la explitación de territorios indígenas en la región
amazónica.
Defensores desprotegidos
Mientras esta mezcla de rechazo interesado impide la ratificación del Acuerdo
de Escazú en Perú, líderes y defensores indígenas de la Amazonía siguen
sufriendo las consecuencias de la desprotección.
De acuerdo a la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos (CNDDHH), catorce defensores del territorio y el medio
ambiente han sido asesinados desde que empezó la pandemia, hasta inicios de
mayo de 2022.
Es
vergonzoso que nuestro país pase esta fecha tan importante (Día Mundial del
Medio Ambiente) sin que el Acuerdo de Escazú haya sido ratificado, dice el
líder kakatibo Herlin Odicio. La lista no incluye a Jesús Antahua Quispe, Nusat Benavides de la Cruz
y Gemerson Pizango Narvaez, pobladores ashéninkas asesinados el 22 de marzo de
2022 en Puerto Inca (Huánuco). Tampoco a Ulises Rumiche, gerente de Pueblos
Originarios Amazónicos de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en la provincia
de Satipo (Junín), asesinado el 19 de abril.
Mar
Pérez, abogada de la CNDDHH, le explicó al portal Mongabay Latam, que
estos casos aún se tenían que investigar más exhaustivamente “para
determinar la razón de aquellos crímenes”.
Vidas en peligro
Pero, además de las víctimas mortales, a la fecha existen muchos líderes y
defensores indígenas cuyas vidas corren peligro por defender sus territorios en
la Amazonía de actividades ilegales.
Uno de
ellos es Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades
Kakataibo (Fenacoka), que en más de una ocasión ha tenido que huir de su
comunidad ante las amenazas. “Estas amenazas han empezado de nuevo a ser
más fuertes porque el 11 de mayo, algunas autoridades visitaron Puerto Inca
(Huánuco) para la ceremonia del inicio de titulación de la comunidad
Unipacuyacu”, cuenta.
Producto
de este evento, las amenazas ahora se dirigen también contra el presidente de
dicha comunidad, Marcelino Tangoa, y otros miembros de la jurisdicción, dice el
líder kakataibo. El 1 de junio, Servindi también difundió el llamado de más de
40 organizaciones indígenas y civiles que piden proteger a los defensores
indígenas del río Cenepa, en Amazonas, amenazados por mineros ilegales. En
este caso, las amenazas se intensificaron luego de que un comité indígena
detuviera en flagrante delito a 7 mineros ilegales en un acto de defensa propia
ante la ausencia de autoridades.
Por toda
esta situación de desprotección, al líder kakataibo Herlin Odicio le parece
“vergonzoso” que el Perú llegue al Día Mundial del Ambiente sin haber
ratificado el Acuerdo de Escazú. “Es vergonzoso que nuestro país pase
esta fecha tan importante sin que el Acuerdo de Escazú haya sido ratificado, muy
lamentable siendo un país con un inmenso bosque amazónico”, dice.
Hacia dónde ir
Ante
este panorama, el abogado Ruiz Molleda considera que es momento de empezar a
observar con más interés otras alternativas jurídicas que garanticen la
protección del medio ambiente.
Menciona
así, la Opinión Consultiva 023, del 2017, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), que denomina “el otro Acuerdo de Escazú” por
sus alcances.
En esta
opinión, según el letrado, se aprobaron “un conjunto de obligaciones en
materia de protección al medio ambiente de cumplimiento similares y hasta más
exigentes a las aprobadas en el Acuerdo de Escazú”.
El
análisis de dicha opinión merecía una nota aparte, pero lo cierto es que sus
alcances se vinculan fundamentalmente a los derechos de acceso a la justicia,
acceso a la información y participación pública.
Estos
derechos son los que, precisamente, busca garantizar el Acuerdo de Escazú,
tratado ambiental que el líder kakataibo Herlin Odicio espera sea ratificado
más pronto que tarde.
“Nos
podrán tener atemorizados, pero no nos vamos a cansar de defender nuestros
territorios y exigir la ratificación del Acuerdo de Escazú. Seguiremos en ese
proceso”, dice Odicio.
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