Pablo Jofre, Viernes 24 de
enero 2014, 11:13 hrs (Chile)
En general,
los análisis respecto a la política exterior chilena solían moverse en un eje
casi inmutable: Chile respeta los Tratados y todo litigio con los vecinos se encauza
en la discusión bilateral. Esta máxima, similar a un dogma de fe, fue parte del
ADN en toda administración de gobierno, fuera esta democrática o dictatorial,
ya sea del siglo XX en los primeros lustros del siglo XXI. La Haya ha venido a
dar un portazo a esta visión anquilosada respecto a las relaciones
vecinales. Eran escasos los razonamientos donde se hablara de la necesidad
de revisar las relaciones que teníamos con peruanos, bolivianos y argentinos,
encapsulándonos en una perspectiva chauvinista, miope y alejada de las grandes
corrientes de integración en América Latina. Las autoridades de gobierno –
cualquiera sea su signo – han dejado escaso margen para tener una mirada
distinta pues lo lisiada de su política exterior, su actuar con
escasa visión geopolítica y, sobre todo, el menosprecio a las
capacidades de las cancillerías de nuestros vecinos hacían pensar que la
demanda marítima de Perú ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya era
“pan comido” como también se cree que las pretensiones bolivianas de recuperar
su cualidad marítima están destinadas al fracaso si se llevan al ámbito
multilateral. Esta visión ha mostrado lo erróneo de la política exterior
chilena y las escasas perspectivas de éxito en los contenciosos internacionales
en que nos hemos visto inmersos.
EL FACTOR ECUADOR
Este
periodista, como corresponsal de prensa, fue invitado en su oportunidad a la
cancillería chilena, junto a otros corresponsales acreditados en Chile, para
compartir un desayuno junto al Ministro de Relaciones Exteriores de Sebastián
Piñera, el empresario Alfredo Moreno. La excusa para este encuentro fue la
decisión entre Ecuador y Perú de firmar un tratado de Límites sobre la base de
acuerdos pesqueros que generaban desacuerdos entre ambas naciones. Se unía a
eso la decisión de Bolivia de presentar una demanda contra Chile en La Haya,
tal como lo había hecho Perú el año 2008. La reunión transcurrió entre
risas y optimismo, pues se consideraba que tanto la pretensión boliviana como
peruana, no llegarían a buen puerto pues Chile “tiene bases sólidas e
irrefutables para contrarrestar las iniciativas de nuestros vecinos. No hay
nada de qué preocuparnos” señalaba el ufano ministro. Tal optimismo generó las
dudas de quien escribe y así se lo hice saber al canciller chileno, quien se
limitó a repetir la letanía que suele acompañar al vetusto pensamiento de la
cancillería chilena “creemos que La Haya asumirá los criterios
técnico-jurídicos de Chile pues los acuerdos pesqueros entre Chile y Perú de
los años 1952 y 1954 son Tratados de Límites y estos no son materia de
modificación”. La política exterior chilena, en materias de relaciones
vecinales, a la luz de los acontecimientos y acuerdos tomados en su
oportunidad, entre Perú y Ecuador en cuanto a sus límites marítimos, la fuerte
campaña comunicacional peruana y la debilidad de la política exterior chilena
en base a llevar a adelante bajo la teoría de las “cuerdas separadas”, que este
gobierno saliente pretendió instalar como paradigma en el plano de nuestras
relaciones vecinales. Una especie de traslado mecánico del actuar empresarial
que los miembros del gobierno tenían en etapa como empresarios y miembros de
los grupos económicos que ven a los vecinos regionales como clientes. Una
visión más centrada en lo comercial que en lo político y que desnudó nuestras
debilidades y ha calado hondo, a la hora de avizorar un resultado favorable a
las pretensiones del gobierno chileno. La sensación – ya casi certeza a estas
alturas – es que el fallo de la CIJ del 27 de enero será desfavorable a las
pretensiones de la clase política y económica chilena. El fracaso, las
caras largas, el andar cansino ronda los pasillos del ex Hotel Carrera en
Santiago, donde funcionan las dependencias del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Los muros de mármol, los largos pasillos alfombrados, las amplias
escalinatas, los rostros de los funcionarios que pueblan las cómodas oficinas
de este Ministerio dejan entrever que la estrategia chilena en la Haya será un
fracaso. Primero, porque la Carta Náutica presentada por Ecuador –
considerado hasta entonces un aliado incondicional de Chile frente a las
pretensiones peruanas – a la ONU y aceptada por Perú, dando paso a la firma de
un Tratado de Límites, significó un duro golpe a la “nueva forma de hacer
política internacional” del gobierno de Sebastián Piñera, que ha priorizado las
relaciones comerciales a las políticas respecto a sus vecinos inmediatos. La
teoría de las cuerdas separadas ha sido una estrategia nefasta, que incluso
alejó de Chile a aliados tradicionales como Brasil y Ecuador, acercándonos, en
lo meramente económico a Perú pero sin ahondar en los vínculos más políticos,
de confianza mutua, de avanzar por el desarme, el entendimiento en base a
proyectos de desarrollo común. En todo este marco, no faltan las voces que
ven en la postura del gobierno chileno el asumir una postura de víctima, que
llegado el caso de un resultado del dictamen de la CIJ favorable a la tesis
chilena, se esgrima como un trabajo “heroico” digno de escribirse con letras de
bronce en el Altar de la Patria. Volvamos al pesimismo imperante, que ya
se ha ido explicitando en las declaraciones de autoridades de gobierno, en
acciones de llamado al Consejo de Seguridad Nacional, en opiniones altisonantes
y descomedidas de parlamentarios chilenos que han llamado incluso a alejarse
del pacto de Bogotá y llamar a una consulta nacional para saber si aceptamos
los resultados de la Haya. Ya el canciller chileno Alfredo Moreno, no muestra
ni expresa aire y verbos de triunfalismo, menos aún declaraciones grandilocuentes
sobre la seriedad y certeza de los argumentos jurídicos chilenos. Ya no se
desdeña la posibilidad que perfectamente se pueda perder en el contencioso que
nos enfrenta con Perú. El “vahído” del Ministro Andrés Chadwick puso la guinda
en la torta de aquella postura, que ve el rostro del fracaso en las autoridades
de gobierno. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, el gobierno
de Piñera ha actuado con rigor, con bases jurídicas sólidas. Según esta cartera
el Tratado firmado entre Perú y Ecuador no hacía más que refrendar la posición
chilena. Esto, pues en ese acuerdo se tienen como antecedentes para reconocer
las fronteras entre Perú y Ecuador los mismos argumentos esgrimidos por Chile:
los acuerdos pesqueros firmados el año 1952 y el acuerdo complementario del año
1954. Para la cancillería chilena, en voz del ministro Moreno, el reciente
Tratado entre Perú y Ecuador, no sólo representaba una victoria importante para
el gobierno de Rafael Correa, sino por extensión también para Chile,
debilitando la pretensión peruana ante La Haya. En el análisis triunfalista del
gobierno chileno las posiciones tanto de Quito como de Santiago eran
exactamente las mismas con relación a los límites marítimos. Para el canciller
Moreno, a Perú no le quedaba otro camino que acordar con Ecuador
bilateralmente, antes del término del gobierno de Alan García y antes que Quito
presentara su reclamo ante la Corte Internacional de La Haya y Torre Tagle se
viera enfrascado en dos frentes jurídicos. Para sostener este original
planteamiento, Moreno señaló que nuestro país considera, que al firmarse el
acuerdo con Ecuador, Perú reconoció la vigencia -como tratados limítrofes- de
los convenios de pesca de 1952 y 1954, que es precisamente la base de la
argumentación chilena, para rechazar la demanda que entabló Lima en la Corte
Internacional de La Haya el año 2008, afirmando que los acuerdos del año 1952 y
1954 son Tratados de Límites, así reconocidos tanto por la Carta Náutica que
hoy reconoce Perú y la permanente postura chilena bilateral e internacional.
Esto es coherente, señala la cancillería chilena, con la postura que ha
mantenido Chile, en cualquiera de sus gobiernos, respecto a que los acuerdos
pesqueros con Perú deben ser entendidos en la misma lógica y que sirvieron de
línea argumental ante la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, la
manifestación chilena obviaba algo a todas luces lógico y que Lima se encargó
de ratificar: el Tratado con Ecuador, no validaba en modo alguno los convenios
de mediados del siglo XX, que sólo tenían un carácter pesquero y más bien
ratificaban el hecho que al ser instrumentos de un área económica específica,
no zanjaban el tema de fondo – de límites marítimos – y ello hacía necesario
consensuar un tratado, como el que se ratificó en el Congreso peruano el día 19
de mayo del año 2011.
En materia de
relaciones internacionales se suele decir, que los gestos, los actos y los
hechos derivados de esos acontecimientos son mensajes directos para el vecino. Por ello, el que Lima haya ratificado el
Tratado con Ecuador, vía Express, dos días antes que el presidente Piñera en
Chile entregara su Cuenta Pública al país (21 de mayo del año 2011) frente al
Congreso en pleno, generó un hecho político de envergadura, con la decisión del
gobierno de Rafael Correa de declarar abiertamente, que gracias a los términos
que llegó con Perú “se abstendrá de participar en el litigio marítimo
peruano-chileno” Así, Chile quedó sin piso jurídico ante La Haya pues ya no se
podía presentar como testigo a Ecuador, considerado una pieza clave en el
entramado jurídico de la defensa chilena. Una nueva bofetada a la política de
aislamiento político y de considerarnos ajenos al barrio, que hemos practicado
en forma contumaz con nuestros vecinos. A pesar de las otroras declaraciones
triunfalistas del canciller Alfredo Moreno y de pensar que La Haya asumiría,
sin más los criterios jurídicos chilenos, la verdad es que Chile no “las tiene
fácil”. Dicho augurio comenzó a correr lentamente en el ámbito del análisis de
la política regional de Chile, a la luz el “golpe diplomático” dado por el ex
presidente Alan García (al presentar la demanda a la Haya, que permitió a Torre
Tagle mostrar a los juristas de la Corte de La Haya, como una suerte de as bajo
la manga, un Tratado de Límites y no un mero acuerdo pesquero, lo que refrenda
la posición peruana respecto a que la declaración de Santiago del año 1952 y el
Acuerdo Complementario del año 1954 no signaron una delimitación territorial.
Por ello se hacía necesario, alegaba Perú, concretar con Chile (tal como se ha
hecho con Ecuador) un nuevo trato, una nueva manera de consolidar jurídicamente
aquello que se sostiene no está legalmente establecido. La lanza peruana entró
de lleno en las costillas de una cancillería chilena, que unido a su paso
cansino, anquilosado, ha mostrado poco oficio en un mundo de relaciones
internacionales donde si no te mueves rápido te pasan por encima.
UNA VISIÓN ERRADA
Para los
analistas peruanos y los diplomáticos de aquel país ha sido un error de
Santiago el sostener, como lo hizo el canciller chileno Alfredo Moreno, que la
posición peruana se debilitó en la Corte de La Haya por el acuerdo de límites
con Ecuador, por el contrario, los argumentos del Perú resultan fortalecidos.
Chile no reparó en la importancia del Tratado y tuvo errores de interpretación
que le pueden costar muy caro y uno de ellos apunta a creer que Perú aceptaba
la Carta Náutica de Ecuador. Eso no es exacto, porque lo que se hizo fue un
Tratado de límites, independientemente de la carta presentada por Ecuador en
Naciones Unidas. Chile no tomó en cuenta que Perú y Ecuador han suscrito
un tratado de delimitación marítima, que es compatible, coherente y funcional a
la interpretación peruana, respecto a que la Declaración de Santiago de 1952 y el
Convenio sobre zona especial marítima fronteriza de 1954 no establece límite un
marítimo con Chile y sí estableció un criterio delimitador con Ecuador por
presencia de una islas que diferencia ambos documentos” detalló el ex Ministro
de Exteriores peruano bajo el gobierno de Alejandro Toledo, Manuel Rodríguez
Cuadros. En la misma lógica de sostener que Santiago y en especial el
presidente Piñera, han hecho una lectura equivocada, apreciando erróneamente el
acuerdo entre Lima y Quito, se mostró el actual Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde. Este sostuvo, en su oportunidad
que con Ecuador se establecido un verdadero tratado de límites, lo que no se
puede decir de los acuerdos pesqueros del 52 y 54 con Chile y que son validados
por las autoridades chilenas para fundamentar su posición. Con Ecuador se
estableció una línea paralela por la existencia de islas, cosa que no puede
decir Chile. El acuerdo de límites con Quito es exacto, preciso, donde se
señala que el punto de partida es en la Boca de Capones, se señala cuál es la
coordenada, donde convergen las líneas de base y que de ahí van 200 millas.
Los políticos
peruanos, a diferencia del mundo político chileno – oficialismo y oposición –
se han mostrado coherentes y verbalizando el mismo argumento, tal como lo
sintetizó el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano,
Hildebrando Tapia, quien afirmó que declaraban legítimo el Tratado con Ecuador
y lo dictaminaron de inmediato porque es conveniente para el país, que dejaba
así solucionado el tema limítrofe entre ambos países. Lo que obviamente
ayudaría también a los argumentos peruanos ante la Corte de la Haya,
considerado como un gran logro en vista a la necesaria integración entre sus
países y además constituía un paso estratégico y muy inteligente en las
aspiraciones peruanas para resolver el diferendo marítimo en la Corte de La
Haya con Chile.
Un duro golpe
para las aspiraciones de un eventual triunfo chileno en La Haya fueron las
declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien señaló que “a
pesar que se había reconocido durante décadas la frontera marítima, nunca hubo
un documento contundente, entre Ecuador y Perú, que no dejara lugar a dudas y
determinara los límites de la zona en disputa. Ha ocurrido el mejor de los
escenarios: Perú en muestra de respeto y cariño a Ecuador (…), en forma clara,
ha respaldado nuestra Carta Náutica y ha ratificado el límite marítimo”. Y
hablamos de un golpe demoledor pues Perú fue capaz de reconocer como límites
los acuerdos pesqueros expresados en los documentos del año 1952 y del año 1954
pero con Chile, los mismos convenios no se han tomado en consideración para
lograr zanjar una controversia que se tiene ad portas de una solución jurídica.
El Tratado
firmado entre Perú y Ecuador fue la primera señal que el panorama para la
diplomacia chilena se visualizaba muy oscura. Descolocó a la cancillería
chilena y y a cuanto experto, diplomático y abogado de esta repartición
circulaba por el ex Hotel carrera, el pesimismo comenzó a chorrear por la Plaza
de la Constitución anegando La Moneda que ve con horror que un gobierno
calificado como nacionalista, con políticos de claro corte chauvinista en su
interior deberá aceptar la pérdida de territorios marítimos, a pesar de los
discurso de Piñera llamando a confiar en el trabajo de la cancillería chilena y
que Chile “no cederá un ápice del territorio nacional”. Cancillería creía poder
presentar a Ecuador – tradicional aliado chileno en la geopolítica sudamericana
– como testigo a su favor ante La Haya. Ahora nuestro país, como el chico
aislado del barrio, como aquel que todos consideran antipático, sordo a
cualquier pretensión, prepotente y soberbio, se ha quedado solo. Una de las
primeras revisiones que tendrán que hacer los textos de estudio y las cátedras
de la Academia Diplomática Chilena es saber quien es quien en materia de amigos
y adversarios en el plano regional.
LA HAYA COMO CAMPO DE BATALLA
Piñera, su
gabinete, los partidos que lo apoyan, el mundo político tradicional y los
empresarios y grupos económicos ligados al mundo pesquero, están aterrados ante
la posibilidad de perder en La haya. Como muestra de la desesperación que mueve
los actos del gobierno, se llamó con carácter de urgente y sin toma de acta. Al
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) instancia civico-militar para tratar el
tema del posible fallo adverso en la CIJH. No compartimos la convocatoria del
Presidente Piñera al Consejo de Seguridad Nacional para analizar el próximo
fallo de la Haya. Dicha convocatoria ha sido criticada, como también la
invitación sólo a los partidos con representación parlamentaria pues se
considera que: el COSENA es un órgano innecesario y que crear un supuesto clima
de unidad nacional frente a partidos que no representan a gran parte de la
población excluye a la población de información confiable, completa y oportuna
y crea, sobre todo un clima de posible revancha contra ciudadanos peruanos
avecindados en Chile, si se llega a tener un resultado negativo el próximo 27
de enero.
Para el
político chileno y ex candidato a Senador por Santiago poniente, Esteban Silva
“El mar chileno y sus delimitaciones forman parte de un litigio no solo con el
Perú en la Haya sino que también el tema forma parte de un debate pendiente entre
los propios chilenos a causa de la Ley de pesca que ha privatizado el mar
chileno hoy en una controversia en favor de un puñado de familias y de grupos
económicos pesqueros que se benefician de la pesca en desmedro de miles de
compatriotas vinculados a la pesca mediana y artesanal. Son muchos los temas
críticos insoslayables que deben ser analizados y debatidos amplia y
pluralmente sobre nuestra política exterior y nuestras relaciones
internacionales, particularmente sobre nuestra relación vecinal y multilateral,
por lo que intentar esconder un legítimo y necesario debate argumentando la
obligación de una “supuesta postura común o de Estado”
El diferendo
limítrofe marítimo, que enfrenta en la Corte Internacional de Justicia de La
Haya (CIJ) a los gobiernos de Chile y Perú encontró en los alegatos jurídicos,
la presentación de memorias, contra memorias, replicas, dúplicas y fases de
defensa oral de los argumentos esgrimidos por uno y otro país, el espacio menos
sangriento donde dirimir un contencioso que se arrastra ya por 27 años y que
tendrá su término (formal) este 27 de enero.
Hablamos de
casi tres décadas, pues Perú, el año 1986, por primera vez, presentó a través
del fallecido ex Canciller Juan Miguel Bákula, el día 23 de mayo del año 1986
ante su par chileno de la época, el ex canciller Jaime del Valle, la exigencia
de proceder a la delimitación de los espacios marítimos entre Chile y Perú. Tal
presentación se conoce como el memorándum Bákula y ha sido exhibido por Torre
Tagle, como una muestra que la exigencia de delimitar la zona en disputa estaba
presente en la política exterior peruana. Y en ayuda de esa postura el dictamen
de la CIJ en favor de Nicaragua contra Colombia vino a allegar más agua al
molino favorable a la pretensión peruana de acceder a 35 mil kilómetros
cuadrados de mar frente a sus costas.
TRATADO OR NOT TRATADO
El memorándum
Bákula fue presentado 33 años después que el año 1954 se firmara el denominado
Convenio Sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, que vino a complementar la
Declaración de Zona Marítima del año 1952, también llamada Declaración de
Santiago, firmada conjuntamente con Ecuador. Esos convenios, han constituido
para los gobiernos chilenos, sin excepción, documentos que definieron los
límites marítimos en forma indiscutible. En cambio, para Perú, esos convenios
simplemente establecieron líneas de acción, para una política común destinada
“a defender y proteger sus recursos vivos marítimos que estaban siendo
explotados por grandes flotas balleneras y pesqueras” como lo presentó el
Agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Allan
Wagner.
El dilucidar
si se trataba de convenios meramente orientativos sobre el qué hacer frente a
terceros, delimitando zonas de explotación marítima o si se refieren a Tratados
que deben ser respetados sin discusión alguna, como argumentó la parte chilena,
vino a ser el meollo de las exposiciones que dieron en tierras holandesas. Para
Perú, la presentación de su demanda ante la CIJ de La Haya, el 16 de enero del
año 2008, era una necesidad visto que el límite marítimo con Chile nunca había
sido delimitado. Para la defensa chilena, los acuerdos del año 1952 y 1954 son
Tratados y su modificación resulta jurídicamente inaceptable, toda vez que los
Tratados se firman para “respetarlos” como se suele repetir, casi como una
letanía en los círculos diplomáticos y políticos chilenos. Ello fue el eje de
la presentación chilena en los alegatos orales en La Haya
Tanto el
diplomático Allan Wagner como el jurista Alain Pellet sustentaron argumentos,
para demostrar que los supuestos Tratados invocados por Chile no son tal
“Contrario a las pretensiones chilenas, afirmó Wagner, el Perú no está violando
el principio de pacta sunt servanda o de estabilidad de las fronteras. El Perú
rechaza tajantemente esta imputación hecha por Chile. Nunca se ha celebrado
acuerdo de delimitación marítima alguno entre las Partes” Por su parte el
abogado francés Alain Pellet señaló en una presentación más irónica que “Chile
se esfuerza en demostrar que la práctica de las partes y países terceros se
hace de acuerdo al Acuerdo de Santiago de 1952, en cuanto a la soberanía
chilena sobre la zona en disputa… Dicha práctica no significa que exista un
tratado. Chile pretende demostrar, a través de contorsiones del derecho, que sí
se establecieron límites a través de la Declaración de Santiago de 1952”. Chile
hace sufrir al derecho, de la manera insólita que entienden los tratados Chile
presenta un embrollo de argucias jurídicas (…) No sé a partir de qué alquimia
misteriosa Chile transformó acuerdos pesqueros en tratados, generando un debate
falso”
La
consideración chilena, casi como auto de fe de la política chilena respecto a
que los tratados son intocables no tiene consideración alguna con la evolución
que han tenido las relaciones internacionales, en el avance tecnológico, para
delimitar puntos geográficos que antaño se hacían a “ojo” y que hoy poseen la
ayuda inestimable de aparatos de geo localización o métodos tecnológicos que
eliminan cualquier tipo de error. Pero, sobre todo, con consideraciones más
estratégicas como son el desarrollo conjunto con nuestros vecinos, la
cooperación regional, la búsqueda de soluciones pacíficas a diferendos por vía
del diálogo, por compensaciones e incluso soluciones novedosas como sería
pensar en regiones de soberanía compartida como podría ser el límite entre
Chile y Perú, invitando a ese desarrollo a Bolivia, quien aspira
centenariamente a volver al Pacífico ¿por qué no? Pensar y actuar así podría
haber evitado demandas como las que estamos viviendo y ahorrar al Estado
chileno cifras millonarias en esta defensa. Según trascendió, el presidente
Piñera habría señalado que Chile ha gastado en honorarios legales en la Haya,
más que 40 años de explotación pesquera en la zona en disputa.
EL EFECTO COLOMBO-NICARAGUENSE
Chile, su
clase política, los gobiernos que han estado en la Moneda, sean estos
democracias o dictaduras han señalado que no hay revisión de límites con sus
vecinos, que los Tratados son intangibles y que cualquier discusión debía ser
bilateral. Esa postura ya ha sido derrotada, ya sea con Bolivia o en este caso
con Perú, toda vez que el caso está en La Haya y con posibilidades ciertas de
enfrentar una decisión basada en criterios técnicos-jurídicos pero también
políticos, con base al denominado criterio de equidad, como sucedió en el
dictamen frente a la demanda de Managua contra Bogotá en materia de
delimitación y soberanía de espacios marítimos. Ese criterio de equidad es la
peor pesadilla, que ronda los pasillos de la Moneda, que analiza en profundidad
ese dictamen y las reacciones de Colombia. Y hablamos de pesadilla, pues
el 19 de Noviembre del año 2012 la CIJ de La Haya falló “salomónica mente” en
el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia de una forma que dejó muy mal
parada la posición colombiana, que argumentó permanentemente, desde el año 2001
a la fecha del dictamen, que esos límites eran intocables, que la zona marítima
que rodeaba el Archipiélago de San Andrés y los cayos cercanos a esa posesión
eran colombianos y que Nicaragua no tenía derecho alguno. Sin embargo, la
Corte, conformada por 15 jueces determinó que si bien la soberanía de las Islas
y los sietes cayos adyacentes a San Andrés se mantendrían bajo la bandera
colombiana, Nicaragua ganaba 90 mil kilómetros cuadrados de mar, que le
permitirá explotar riquezas marítimas allí donde hasta el 19 de noviembre de
2012 no tenía presencia. La determinación “equitativa” “salomónica” “de
justicia con el más débil” en el caso del diferendo entre Managua y Bogotá echó
por tierra la argumentación de juristas, políticos y cuanto analista chileno
comenta el caso con Perú, bajo el supuesto que los jueces de La Haya sólo
emiten su dictamen bajo consideraciones jurídicas. Con ello olvidan, que si
bien se trata de un organismo con nombres eminentes en el campo del derecho
internacional, cada uno de ellos representa sensibilidades, corrientes y
opiniones en campos tan diversos como los Derechos Humanos, el derecho
económico internacional y las relaciones entre Estados entre otros, que le da
un carácter mucho más amplio que la asepsia de presentarlos casi como
“leguleyos” sin visión de otras aristas que suelen mover estos
contenciosos. El fallo de la Haya generó tal golpe en el gobierno
colombiano de Juan Manuel Santos, que su porcentaje de adhesión cayó
abruptamente y encendió las alarmas en Palacio Nariño, que obligó a Santos a
realizar declaraciones para calmar, primero, a la clase política colombiana,
luego a sus bases de votantes y posteriormente comenzar a buscar responsables,
que se han orientado al equipo que defendió sus intereses en La Haya, por
considerar que presentaron un caso ganado de antemano y finalmente hubieron de
retirarse con el rabo bajo las piernas. Además, en declaraciones fuertemente
criticadas en el plano internacional, Santos anunció que Colombia se retiraría
del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la CIJ de La Haya. Idea
que ha comenzado a rondar la cabeza de algunos políticos chilenos, tanto del
gobierno como el electo senador ultraderechista Iván Moreira, como el diputado
y miembro de la Comisión de Relaciones exteriores, el PPD, Jorge Tarud.
Tanto Chile
como Perú han señalado en su declaraciones que respetarán la decisión de la
Corte sea cual sea el dictamen, que tiene carácter de definitiva e inapelable. Si una de las
partes estima que la otra no ha acatado el fallo puede efectuar su reclamo ante
el Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello,
hacer llamados a no respetar el fallo o a ponerlo en ejecución de inmediato,
como ha sido el sostén discursivo del ex presidente peruano Alán García,
representa una irresponsabilidad y un llamado a fortalecer posiciones
guerreristas en lugar de afirmar que estos dictámenes ponen fin a querellas,
conflictos, demandas y nos permite avanzar en sendas de desarrollo y bienestar
para nuestros pueblos.
El dictamen
sobre el caso Colombia-Nicaragua ha significado un duro varapalo para el
gobierno de Sebastián Piñera, toda vez que se considera, desde ya que algo
perderemos en esta demanda y que el objetivo de La Moneda es minimizar los
costos políticos que el dictamen de La Haya pueda tener en un conglomerado de
gobierno, que se presenta como un defensor a ultranza de la soberanía e
integridad territorial y sobre todo, en una sociedad que suele mirar sobre el
hombro a sus vecinos del norte y que podría enfrentar brotes de chauvinismo
impulsados por líderes de opinión que suelen destacarse en períodos convulsos o
de fácil verborrea nacionalista. Si bien es cierto se ha visto a ex
presidentes, a políticos de gobierno y de oposición alineados tras la figura
presidencial en materia de sostener que “la posición chilena es sólida y que
triunfaremos en La Haya” también se ha tomado buena nota, sobre todo en La
Nueva Mayoría (conglomerado que triunfo en las elecciones presidenciales) de la
movida del gobierno de comenzar a delimitar ciertas responsabilidades en
“errores del pasado” dando a entender que bajo los gobiernos de la Concertación
no se buscaron los entendimientos y pasos necesarios para impedir que el caso
llegara a La Haya. En las filas opositoras, si bien las declaraciones son
similares a las esgrimidas desde las filas de gobierno, no se ha dejado de
analizar los efectos políticos que tendrá en la sociedad chilena, en caso que
el Estado deba ceder parte del territorio marítimo que hoy está bajo su
soberanía. Es la versión jurídica de los efectos del terremoto de febrero del
año 2010. Una pesada mochila para quien se va y para quien asume el gobierno
chileno.
LOS INTERESES DE ANGELINI NO SON LOS DE
MAMANI
En Chile,
sobre todo para nuestra clase política la presentación y defensa peruana en La
Haya no significó nada nuevo, nada fue sorpresa en materia de desconocer los
Tratados, considerándolo, incluso, como una presentación plana, plagada de
adjetivos, previsible y sin elementos nuevos a considerar. Sin embargo en el
Rímac, la opinión fue distinta pues se consideró en los círculos diplomáticos,
que Perú logró el objetivo propuesto: fundamentar jurídica y políticamente que
no existen límites marítimos entre Chile y Perú por lo que solicitan que sea la
Corte de La Haya quien los defina. Unido a ello se explicitó en medios peruanos
que dicha presentación se hizo a gran altura, sin poner en riesgo la necesaria
estabilidad política y económica con Chile. Según cifras del Ministerio de
Relaciones exteriores de Chile, a diciembre del año 2012 la inversión de
empresas chilenas materializada en Perú, alcanzó los us$11.161 millones – el
17,5% del total invertido en el exterior – lo que significa que Perú se
consolidada como el tercer destino de las inversiones de empresarios chilenos
fuera de nuestras fronteras con un intercambio comercial anual de us$3.972
millones. La Haya ha devenido en un factor político vecinal de indudable
relevancia, pero bien saben las autoridades chilenas y peruanas y su clase
empresarial que cualquiera sea el resultado del dictamen de la CIJ de La Haya
las relaciones comerciales no se pueden ver afectadas. El Ministro de Hacienda
chileno, Felipe Larraín sostuvo en un foro empresarial que ““El fallo de La
Haya es algo que sin duda nos ocupa, nos preocupa, estamos todos pendientes de
este fallo, pero creemos que no es algo que vaya a tener un efecto negativo en
las relaciones entre nuestros países, tenemos una estupenda relación a nivel
del gobierno y empresarial y ambos países nos hemos comprometido a respetar el
fallo” Del mismo tenor han sido las declaraciones de empresarios peruanos que
han destacado el nivel de respeto que ha primado en los alegatos en la CIJ de
La Haya, garantizando de ese modo el mantenimiento de las buenas relaciones
vecinales. En ciertos círculos , tanto en Lima como en Santiago, la peculiar
teoría de las cuerdas separadas se toca con el mismo tono. Escuchar a los
políticos chilenos, como también a los peruanos es remontarse a ciertas
ceremonias como suele ser, por ejemplo, la Parada Militar del 19 de septiembre
donde siempre se opina que resultó “la más impresionante de las paradas
militares de los últimos años. Una ceremonia impecable, plena de lucimiento y
gallardía, la más hermosa y digna de un país que ve en sus instituciones
permanentes su caudal de riqueza valórica” pero, a la hora de la verdad, cuando
haya que escuchar el dictamen se vislumbra que las explicaciones para el
fracaso de los agentes y coagentes chilenos deberá darse una explicación más
allá de considerar que los jueces de La Haya no actuaron con criterio jurídico
y se dejaron influir por fundamentos más políticos que legales. Los
escenarios que se barajan en la Moneda, a pocos días del dictamen van por el
camino de considerar la posibilidad cierta que la CIJ de la Haya
y sus jueces determinen que en este caso específico se aplique no sólo el
“criterio de equidad” sino que sea acompañado del denominado “principio del uso
y la costumbre con relación al límite marítimo” que implica la posibilidad de
conceder a Perú acceso a un área de explotación marítima a través de la
aplicación de una bisectriz en la línea consignada por Chile como territorio
marítimo soberano y establecer la continuación del límite terrestre a partir
del Hito 1 pero no hasta las 200 millas, sino sólo hasta las doce millas que
daría la posibilidad entonces de acceder a una zona de explotación al Perú.
Recordemos que
Lima sostiene que debe ser la Línea de la Concordia la que debe fijar la
prolongación natural del límite terrestre al marítimo y no el Hito 1 que fija
el paralelo como límite con relación a la línea del Ecuador. Se considera en la
Moneda, que si La Haya acoge esta pretensión peruana la derrota de la posición
chilena sería abrumadora y habría sólo que tratar de minimizar el golpe político
para un sector político, que suele esgrimir el nacionalismo y la defensa
territorial a ultranza como un eje ideológico permanente. Pero, con efectos
también demoledores para un gobierno que recién asumiría y que deberá enfrentar
no sólo dolores de cabeza en el ámbito de la educación, la salud, reformas
políticas, sino también en el plano internacional.
El día lunes
27 de enero en Chile y Perú, millones de ciudadanos de estos países hermanos
(sí, hermanos ¡¡¡¡ a pesar de los desencuentros que políticos nacionalistas y
empresarios avariciosos, que suelen ser los mismos, pretenden incrementar)
estarán pegados a la emisión que desde la Haya pondrá fin a 5 años de estudio
legal en la Corte internacional de Justicia de La Haya. Millones de dólares en
honorarios, relaciones bilaterales tensionadas al máximo, declaraciones
altisonantes, llamados a la calma o a la verborrea chauvinista verán con
felicidad algunos y tristeza infinita el otro si sus posturas fueron aceptadas
o no en la Corte Internacional de Justicia en la ciudad de La Haya,
Holanda. Para el analista político y ex embajador chileno Carlos Parker
“nadie puede estar seguro…de cual será exactamente el sentido del fallo de La
Haya. Pero, es probable, como estiman los más expertos, que le veredicto no
tienda precisamente a dar satisfacción total y absoluta a las pretensiones de
alguna de las partes…si acaso ello ocurriera, es decir, si los jueces
establecieran que en estricto derecho una parte está absolutamente en lo cierto
mientras que, por consiguiente, la otra está completamente equivocada,
evidentemente, dicho resultado sería más potencialmente catastrófico para el
futuro de las relaciones bilaterales entre chilenos y peruanos, que uno de esos
llamados “fallos salomónicos”, tan denostados por algunos, en que se intenta
dar a cada uno lo suyo, tratando de resolver, pero al mismo tiempo
proponiéndose evitar generar males subsiguientes y acaso hasta mayores que los
que se trata de superar”. Tras el trasiego mediático, las amenazas, los
llamados y soflamas nacionalistas vendrá la hora de poner en ejecución lo que
dictamine la CIJH y allí seguramente pesará el pragmatismo de aquellos,
que ya sostienen desde Chile, amparados en la casi segura derrota que “la
fórmula de solución para el dictamen de La Haya es: acatarlo, demorarlo
y negociarlo” ello, bajo el paraguas
argumentativo que las decisiones políticas muchas veces deben ser postergadas
en función de los intereses económicos.
Bien sabemos
que poderoso Sr. es Don Dinero, sobre todo a la hora de enfrentar la
posibilidad de perder inversiones multimillonarias o que unos cuantos miles de
pescadores artesanales pierdan la posibilidad de pescar en un mar que hasta el
27 de enero se consideraba chileno. Entre los intereses y la opinión del
empresario pesquero Roberto Angelini Rossi uno de los más poderosos empresarios
pesqueros de Chile o los intereses de Alberto Mamani, dueño de una chalupa
pesquera de 8 metros de eslora, las autoridades de ambos países no tiene mucho
donde perderse, lo que muestra que por más dictámenes que se establezcan, la
realidad cotidiana de miles de personas poco importa en los altos círculos
político-empresariales. Angelini ordenará a su flota salir más allá del
triángulo marítimo en disputa, que representa el 30% del total de capturas de
su flota Corpesca, buscará jureles y anchovetas alejado de los conflictos entre
estos “molestos políticos”. Mamani tendrá que ver cómo se las arregla.
