sábado, 4 de enero de 2014

LA REFINERÍA DE TALARA UNA ENSOMBRECIDA LICITACIÓN DE US$ 1,177 MILLONES

EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA UNA ENSOMBRECIDA LICITACIÓN DE US$ 1,177 MILLONES
La historia no contada de la más importante contratación del Estado peruano a cargo de la estatal Petroperú, un proceso que grandes corporaciones internacionales cuestionan por las irregularidades.
Una investigación del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC).


Refinería de Talara
El 30 de octubre del 2009, el Comité Ad Hoc designado por Petroperú para la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) recibió las propuestas técnicas y económicas de las corporaciones extranjeras interesadas en la obra de infraestructura cuantificada en US$ 1,177.4 millones: la inversión más importante del Estado peruano en muchos años. Precalificaron como postores 11 compañías. Sin embargo, en el acta de la sesión (ver Documento Nº 1) se consigna que la brasileña Norberto Odebrecht, la coreana Samsung Engineering y el consorcio de las españolas Dragados Industriales e Intensa Ingeniería Industrial, no se presentaron. En cambio, entregaron sus propuestas el consorcio japonés JGCMarubeni, el consorcio brasileño-argentino-estadounidense Andrade Gutiérrez- Techint-Foster Wheeler, así como la española Técnicas Reunidas. Todo parecía sobre ruedas.
El PMRT consiste en elegir a un contratista para mejorar la producción de la refinería de Talara -- mediante los procesos FEED y EPC-- de acuerdo con los estándares internacionales – desulfurización del diésel y las gasolinas, habilitación de nuevas unidades de conversión--, así como el incremento de la producción de 65 mil a 95 mil barriles diarios de petróleo y la obtención de combustibles mucho menos contaminantes.
En el acto del 30 de octubre también estuvo presente el representante del consorcio ítalocoreano Saipem y SK Engineering & Construction, el francés Esteban Thibault, que formuló una protesta porque el Comité Ad Hoc de Petroperú, bajo la presidencia de Ricardo Zúñiga Corzo, no aceptó la propuesta de su consorcio porque Thibault había olvidado la carta que lo acreditaba como representante calificado del postor.
Empero, antes de terminar la sesión Thibault pidió la palabra para entregar el documento faltante. Pero el comité se lo negó alegando que no era factible, de acuerdo con las bases de la licitación. E hizo leer lo siguiente: “La presentación de propuestas en el acto se realizará llamando a los postores en orden alfabético. Si el postor no se encuentra presente en ese momento, perderá la oportunidad de presentar su propuesta”. Thibault respondió que la sesión no había culminado y que las bases no prohíben la subsanación de un error. Pero el comité no aceptó la reclamación. Sin embargo, el consorcio Saipem-SK Engineering & Construction no fue el único con problemas a la hora de presentar la documentación.
Los japoneses tuvieron el mismo problema. “La documentación técnica (del consorcio JGCMarubeni) no se encuentra completa. El compromiso del consorcio no se ha redactado según el formato establecido (…) en las bases. El comité considera esto un defecto subsanable dando al postor un plazo de dos días hábiles para subsanar esta omisión", señala el acta. Thibault consideró arbitraria la decisión de la Comisión Ad Hoc, porque no se le dio la misma oportunidad a su representada. Y así lo consignó en el acta: “El consorcio Saipem-SK Engineering protesta por la no recepción de su propuesta, dado que el consorcio ha proporcionado la información solicitada y todo esta información solicitada está a disposición del comité al momento de la escritura del acta y no existen razones que impidan la recepción de la propuesta”.
A continuación Thibault reclamó la misma deferencia que se le ofreció a los japoneses. “El consorcio deja constancia que los dos días también han sido concedidos a otro competidor para corregir errores en su oferta que se hicieron evidentes durante la ceremonia de lectura del acta”. El comité se mantuvo firme en su determinación. No cambió de opinión. “Sobre la protesta del consorcio Saipem-SK Engineering, el comité considera que ha actuado en estricto cumplimiento de los establecido (en las bases)”, aclaró: “Y respecto a la subsanación de documentos solicitada al consorcio JGC-Marubeni, el comité (le concedió dos días para subsanar los documentos) dada la condición de postor de este último, condición de la cual carece el consorcio reclamante (Saipme-SK Engineering)”.
La decisión del comité resultaba contradictoria, porque despojaba de la categoría de postor a Saipem-SK Engineering por no contar con un documento de representación y al mismo tiempo otorgaba la condición de postor a JGC-Marubeni, antes que este consorcio completase los papeles que le faltaban. Con este incidente fue que se inició el proceso de licitación para la modernización de la refinería de Talara, la millonaria inversión del Estado peruano más importante de los últimos años. La prensa peruana se limitó a difundir sencillamente los resultados, más no el detalle de la competencia y la descalificación. Y no sería el único episodio.

PUNTAJES QUE MATAN
Una vez seleccionados como postores JGCMarubeni, Constructora Andrade Gutiérrez-Techint- Foster Wheeler y Técnicas Reunidas, el 20 de noviembre del 2009 el Comité Ad Hoc sesionó para informar respecto a los resultados de la evaluación técnica y dar cuenta de las propuestas económicas.
Lo primero que hizo el comité fue reportar que los japoneses cumplieron con subsanar la documentación faltante y confirmó la descalificación de Saipam-SK Enginieering. Petroperú retomaba con bríos el PMRT después que el escándalo de los “petroaudios” sacudiera los cimientos de la compañía petrolera estatal, lo que implicó el despido de importantes funcionarios, entre ellos el presidente, el ingeniero César Gutiérrez Peña, el cinco de octubre del 2008.
Gutiérrez fue reemplazado el 11 de marzo del 2009 por el economista Luis Rebolledo Soberón, ex funcionario de la Corporación Financiera del Perú (Cofide) y cofundador de la Asociación Nueva Economía (ANE), junto con el ex ministro de Vivienda y actual titular de Transportes, el aprista Enrique Cornejo Ramírez. Durante la gestión de Cornejo en el despacho de Vivienda, el Fondo Mi Vivienda, que depende de éste, contrató los servicios de ANE para la organización de “desayunos empresariales”, entre 2007 y 2008. La Contraloría intervino y concluyó que “a la fecha (en enero del 2009) figura como representante legal Enrique Cornejo, ex ministro de Vivienda. Aun cuando la vinculación no representa trasgresión de la normativa legal ni administrativa, se enmarca en las prohibiciones éticas del servidor público”.
Al grupo de Cornejo y Rebolledo pertenece el economista Lino Cerna Díaz, quien en el 2007 ocupó el decanato del Colegio de Economistas de Lima en medio de disputas intestinas y demandas penales que hasta hoy se ventilan en el Poder Judicial (ver nota aparte). En mayo del año que pasó, Rebolledo nombró a Lino Cerna como Gerente del PMRT, a pesar de no contar con experiencia en hidrocarburos y mucho menos en refinerías. Cerna sustituyó al ingeniero Pedro Méndez Milla, con 30 años de labores en la empresa estatal, ex gerente general de Petroperú y ex gerente de la Refinería de Talara. Por su notoria y necesaria calificación, desde el 2005 Pedro Méndez estaba al frente de la gerencia del PMRT, pero intempestivamente Rebolledo lo cambió por Lino Cerna Díaz. En adelante, Pedro Méndez ya no tomaría decisiones, solo sería asesor técnico del PMRT. Lino Cerna llevaría las riendas del proceso. Es así que en la sesión del 20 de noviembre del 2009, el Comité Ad Hoc dio a conocer el resultado de la evaluación técnica:
a) Técnicas Reunidas, con 93.609 puntos,
b) JGC-Marubeni, con 70.117 puntos.
c) Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler, con 62.486 puntos.
Siendo 70 puntos el mínimo exigido para pasar a la siguiente fase de la evaluación de la propuesta económica, Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler quedó fuera de carrera. Por su parte, los japoneses fueron sorprendidos por el puntaje que el comité le adjudicó: habían conseguido pasar por la mitad de un pelo a la siguiente etapa. Fuentes de Petroperú vinculadas con el proceso de licitación que aceptaron hablar con la condición de no ser identificadas –otros funcionarios de la petrolera estatal fueron entrevistados oficialmente para la presente investigación, como se consignará más adelante--, dieron la razón a JGC-Marubeni. “En las proyecciones que se hicieron sobre el resultado de la licitación para el PMRT, estaba previsto que los japoneses quedarían en primer lugar, los españoles de Técnicas Reunidas en segundo puesto y el consorcio Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler en tercera ubicación”, explicaron las fuentes: “Es obvio que los japoneses tienen mucha más experiencia. Haber obtenido 70 puntos ha debido ser un insulto para ellos. Eso explicación su posterior reacción. Da la impresión que hicieron pasar a la segunda fase a JGC-Marubeni para aparentar competencia. Pero lo cierto es que con ese puntaje los japoneses virtualmente quedaron fuera”.

LAS PRIMERAS SORPRESAS
Las fuentes de Petroperú también indicaron que el puntaje otorgado a Técnicas Reunidas era imposible, “porque está muy cerca de la perfección que ninguna compañía podría haber alcanzado”, indicaron las fuentes. ¿El cambio del Gerente del PMRT podría haber influido en la elección?, preguntamos a las fuentes: “Lo que podemos decir es que Lino Cerna no sabe nada del negocio petrolero. Lo colocaron en lugar de un gran conocedor, Pedro Méndez Milla. ¿En qué país del mundo se cambia de la noche a la mañana a un funcionario de experiencia en un proyecto de significativa envergadura por otro que no sabe nada del asunto? Fue una muy mala señal para los postores”, respondieron. En la misma sesión del 20 de noviembre, el representante de Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler, Rui Martins, expresó al Comité Ad Hoc que no estaba conforme con la descalificación del consorcio porque se habían registrado irregularidades durante el proceso. El consorcio había requerido información y el comité se lo negó. “Dejamos constancia de nuestra disconformidad con los resultados de la evaluación técnica. También dejamos constancia de que no se ha puesto en conocimiento de los postores los puntajes/evaluaciones parciales que han dado lugar al puntaje final anunciado (por el comité) y los criterios empleados por el comité para su asignación, después de haberlo solicitado. (…) Nos reservamos el derecho de impugnar”, señaló Martins (ver Documento Nº 2).
Por supuesto, los japoneses de JGC-Marubeni tampoco se quedaron callados. Sabían que los 70.117 puntos que le había asignado el comité en la práctica los descalificaba. Necesitaban 20 puntos para superar a los españoles. Habían previsto que arrollarían en la evaluación técnica. Era virtualmente imposible superar los más de 93 puntos de Técnicas Reunidas.

JAPÓN LEVANTA LA VOZ
Koichi Yoshida habló en representación del consorcio nipón, en tono tranquilo: “Solicitamos nos proporcionen el detalle del cálculo de la puntuación de cada postor. Es solo una solicitud desde el punto de vista de la transparencia del proceso”. Sin embargo, el comité alegó que se proporcionaría la información, “pero después de otorgada la buena pro”. Es decir, cuando todo estuviera consumado. Además, había una restricción: no había acceso a “la documentación (…) que haya sido motivo de suscripción de un compromiso de confidencialidad por Petroperú”. En los boletines oficiales de la empresa petrolera no se consignaban los incidentes, las protestas y las quejas de los postores. Sencillamente se daba cuenta de los resultados. Todavía faltaba el resultado de la evaluación económica.
El 11 de diciembre del 2009, el comité dio a conocer los resultados de la evaluación comercial: “La propuesta del consorcio JGC-Marubeni ha sido descalificada por haber incluido en su propuesta condiciones no establecidas en las bases” (ver Documento Nº 3), señaló el comité, pero no ofreció precisiones y mucho menos indicó que puntaje había alcanzado el consorcio nipón.

GRITO AL CIELO
“La calificación de la propuesta comercialdel postor Técnicas Reunidas es 100.000 puntos”, indicó el consorcio, concluyendo: “Por consiguiente el resultado de la evaluación técnicocomercial de las propuestas es el siguiente: Técnicas Reunidas, puntaje: 96.805 puntos”. Pero la española no tuvo competidor, porque al final el Comité Ad Hoc no calificó la propuesta económica de los japoneses. Simplemente no la consideró porque contenía “condicionantes”. Koichi Yoshida, representante de JGC-Marubeni, estalló. “Nosotros no estamos en posición de aceptar, ni estamos de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación, dado que hay algunas dudas (…), por lo que solicitamos, con firmeza, los siguientes tres puntos para revisar los resultados del proceso en detalle”, dijo Yoshida. “Primero, favor indicarnos el motivo de nuestra descalificación. Quisiéramos saber qué parte de nuestra propuesta se consideró y evaluó como ‘condicionada’, porque nuestra propuesta no incluyó ninguna excepción/condicionamiento a los documentos de licitación”, explicó Koichi Yoshida:”Segundo, le solicitamos nos proporcionen todos los documentos relacionados al proceso de licitación, incluyendo (1) todas las propuestas y documentos presentados por el postor adjudicado (Técnicas Reunidas), y (2) los reportes de evaluación y cualquier otro documento preparado por Petroperú para efectos de la evaluación”.
El consorcio japonés dudaba de la veracidad de la información suministrada por Técnicas Reunidas, de allí que requería toda la documentación para establecer si era cierto lo que acreditaba la compañía española antes que Petroperú suscriba el contrato. “Tercero, por favor verificar minuciosamente de nuevo la información del postor adjudicado, especialmente la experiencia de la organización (Técnicas Reunidas) y la experiencia del Gerente del Proyecto previo a la firma del contrato”, argumentó Yoshida: “Para tal propósito, pedimos a Petroperú solicite al postor adjudicado la presentación de la documentación que acredite lo presentado y certificar así dicha información. Además, (pedimos) que nos permita el acceso a la mencionada información para confirmar que sea correcta y así seguir las reglas del proceso”. De acuerdo con los japoneses, no podía haber otra compañía con más experiencia que ellos.

DESACUERDOS EN BLANCO Y NEGRO
La respuesta del Comité Ad Hoc no fue, en aras de la transparencia del proceso, admitir la solicitud del consorcio nipón. Le señaló a Yoshida que únicamente acogerían el requerimiento de información siempre y cuando lo hacían mediante la modalidad del recurso de apelación, pero solo después de otorgada la buena pro. La respuesta del comité motivó la reacción del consorcio Andrade Gutiérrez-Techint-Foster Wheeler. De haber sido un ejemplar y transparente proceso de licitación, probablemente los postores no habrían formulado tan graves cargos. Dijo Rui Martins, del consorcio brasileño-argentinoestadounidense: “Ratificamos nuestra total disconformidad con el proceso de evaluación de las propuestas técnicas y con los resultados otorgados a nuestra propuesta en particular (ya que) no reflejan la experiencia acumulada de las empresas que integran nuestro consorcio”, alegó: “Luego de revisar la poca información entregada por el comité sobre la evaluación técnica consideramos que algunos de los criterios de evaluación podrían haber sido mal aplicados y/o que la información presentada por los postores podría haber sido analizada de manera incorrecta o inclusive no verificada, afectándose la transparencia que inspira un proyecto tan significativo para el Estado peruano”.
Luego, como cuestión de fondo, Martins profundizó en un aspecto que había sido mencionado por Koichi Yoshida: Técnicas Reunidas postuló como gerente del PMRT a una persona a la que acreditó una experiencia que colisiona con la realidad. “Llama la atención del resultado de la evaluación del Gerente del Proyecto (…), (ya que) no podemos entender cómo alguna empresa obtuvo un puntaje tan cercano al máximo, (lo que) implica haber presentado a un profesional que ha participado de forma integral en por lo menos cuatro (4) proyectos con un valor superior a los US$ 1,300 millones cada uno en un plazo de cinco años. (Porque) es de conocimiento en la industria (petrolífera) que proyectos de tal envergadura tienen un plazo de ejecución generalmente no menores a 36 meses”, argumentó Rui Martins. Es decir, que es imposible que la persona propuesta por Técnicas Peruanas haya gerenciado cuatro proyectos de modernización de refinerías en cinco años, porque para cada proyecto se ejecuta en un periodo como mínimo 36 meses cada uno. Según Técnicas Reunidas, su profesional hizo en 60 meses (cinco años), lo que en el mercado internacional demanda 144 meses (12 años). “Por lo antes expuesto, nuestro consorcio reitera que en nuestra opinión existirían vicios que podrían acarrear la nulidad del presente proceso licitatorio”, concluyó Rui Martins: “Asimismo, en aplicación al principio de transparencia, consideramos que el comité debió hacer público el detalle de la oferta económica adjudicada”.
El presidente de la Comisión Ad Hoc, Ricardo Zúñiga Corzo, como en las anteriores ocasiones, contestó que los cuestionamientos se resolverían siempre y cuando los postores presentaban un recurso de apelación y éste resultaba aceptado por el comité. Zúñiga recordó que interponer el recurso de apelación implica el abono de una carta fianza del 1 por ciento del total del proyecto. Esto es, US$ 11.7 millones. Si el comité no le da la razón a la empresa impugnadora, esta pierde el dinero.
El 16 de diciembre del 2009 se venció el plazo para que alguno de los postores interpusiera alguna apelación. Nadie lo hizo, quedando consentida la buena pro a favor de Técnicas Reunidas. Pero todavía no está consumado todo.

EL TRAMO FINAL
En una entrevista con el gerente del PMRT, el economista Lino Cerna Díaz, quien se presentó en compañía de su antecesor, Pedro Méndez Milla -- ahora labora como asesor del proyecto--, señaló que las quejas que formulan los postores que no resultan ganadores en una licitación, son frecuentes y que éstas son acogidas como estipulan las bases del proceso. Cerna reconoció que los consorcios JGCMarubeni y Andrade Gutiérrez-Techint-Foster Wheeler plantearon objeciones y que anunciaron que impugnarían los resultados de licitación. “Sin embargo, transcurrido el periodo previsto para que presenten por escrito sus respectivos recursos, ninguna compañía ha presentado nada. Tenían el derecho a a apelar, pero no lo hicieron. Esto demuestra que el proceso ha sido transparente. Si no presentaron nada es porque no están convencidos de sus argumentos”, explicó.
“Cualquiera de las 11 compañías precalificadas podía ganar. Todas son buenas, de primer nivel en el mundo”, anotó Pedro Méndez.
Al indicársele que los consorcios JGC-Marubeni y Andrade Gutiérrez-Techint-Foster Wheeler coincidían en cuestionar la experiencia acreditada por Técnicas Reunidas para su Gerente de Proyecto, en el sentido de que no podía ser cierto que haya dirigido procesos de modernización de refinerías de petróleo en un lapso de 15 meses cuando el periodo mínimo es de 36 meses; Lino Cerna respondió: “La información sobre ese punto se encuentra en proceso de verificación. Queremos asegurarnos de que todo se encuentre acorde con lo estipulado en las bases. Nos encontramos en la etapa de revisión técnica de la información. Esto lo hacemos de oficio”. Esto es, todavía no está dicha la última palabra. El gerente del PMRT evitó adelantar qué pasaría si se comprueba que la información de Técnicas Reunidas no ha sido confirmada.

MANCHADA HOJA DE VIDA
Preguntado Lino Cerna por qué fue reemplazado el ingeniero Pedro Méndez Milla, con amplia experiencia en hidrocarburos –fue gerente general de Petroperú y gerente de la refinería de Talara--, responsable del proyecto desde el 2005, manifestó que se trataba de una política interna de reforzamiento. “Además, Pedro Méndez está aquí con nosotros como asesor técnico”, sin embargo, sin capacidad decisoria.
El gerente de proyecto argumentó, que en efecto, es un economista de profesión y no un ingeniero especializado en hidrocarburos. “El Comité Ad Hoc es multidisciplinario, hay profesionales de distintas áreas, y evidentemente cada uno aporta sus conocimientos con el objetivo de elegir al mejor postor, dijo. Sin embargo, en el currículo de Cerna hay episodios de conflictos y procesos judiciales con su gremio.
El 10 de diciembre del 2005, Ulises Montoya Alberti fue elegido decano del Colegio de Economistas de Lima (CEL) y así lo proclamó el comité electoral presidido por Jorge Gagliardo Gamarra. Lino Cerna Díaz, que postuló y quedó en segundo lugar, impugnó los resultados. Gagliardo convocó nuevamente a proceso en el que se presentó solo Cerna y ganó. Sin embargo, Ulises Montoya recurrió al Poder Judicial y lo reconoció que era el decano legítimamente elegido. Lino Cerna, en desacuerdo, asumió un decanato paralelo y se instaló en otro local, entre el 2006 y 2007. Según el Informe de Auditoría Operativa y Gestión que aplicó el CEL para el periodo del 2006 al 2008, la gestión de Cerna perpetró una serie de irregularidades y se recomendó iniciar acciones legales contra este y el presidente del comité electoral, Jorge Gagliardo, entre otros. Cerna asumió función indebida “por espacio de un año y tres meses, desarrollando actividades propias del CEL, tales como cobranzas, gastos, colegiaturas, etc.”, indica la auditoría del 15 de enero del 2009: “La administración de Lino Cena Díaz no fue reconocida legalmente por el Poder Judicial, motivo por que el que tuvo que hacer entrega del local y el acervo documentario al consejo directivo presidido por Ulises Montoya”.
El 30 de marzo del 2007, el consejo directivo del CEL denunció a Lino Cerna y otros por los delitos de estafa, usurpación agravada, falsedad genérica, asociación ilícita, entre otros. Y el 22 de junio del mismo año el EL interpuso contra Cerna otra demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual, por 300 mil soles por daño emergente y 264 mil soles de lucro cesante. El primer caso está en el 20º Juzgado Penal de Lima (expediente 207-141).
Los procesos alcanzan a todos los miembros de la directiva ilegal de Lino Cerna, entre los que se encuentra Ascensión Cubas Muñoz, involucrado en la adquisición de repuestos para misiles Otomat, junto con el empresario italiano Sergio Siracusa Mule. El 10 de octubre de 1996, el entonces ex presidente Alan García desde el exilio envió una carta al diario “La República” para acusar a Siragusa, quien también estuvo relacionado al supuesto pago de sobornos a funcionarios del primer gobierno aprista en relación a la construcción del Tren Eléctrico.
Sergio Siragusa representó al Consorcio Tralima – encargada de la habilitación del tren-- y a Oto Melara mediante su empresa particular Procre. Luego Siracusa transferiría la representación de Oto Melara a su colaborador, Ascensión Cubas Muñoz, quien después formaría su propia compañía, Ereconsa, se quedó con la representación de la empresa italiana de armamentos Oto Melara. Curiosamente, en la directiva de Lino Cerna, Cubas se ocupó de la Dirección de Ética Profesional.
Con estos antecedentes y relaciones Lino Cerna fue convocado por el nuevo presidente de Petroperú, Luis Rebolledo Soberón –quien asumió funciones el 12 de marzo del 2009--, para ocupar en abril del mismo año la gerencia del proyecto más importante no solo de la compañía petrolera estatal sino del país: la modernización de la refinería de Talara. “Una empresa que pretende alcanzar nivel internacional no puede tener un funcionario con una hoja de vida con las características señaladas”, dijo un funcionario de Petroperú que aceptó hablar sin ser mencionado: “Supimos por el contacto que tenemos con las corporaciones petroleras mundiales, que están muy decepcionadas por el proceso. Algunas no quieren decir nada en público porque tienen proyectos en ejecución en el Perú. Nos parece que algunas van a apelar a las altas instancias del gobierno”.
“Tuve el honor de haber sido decano del Colegio de Economistas de Lima”, dijo Lino Cerna: “Los problemas judiciales han sido resueltos a mi favor. Y respecto a Ascención Cubas Muñoz, efectivamente fue parte de mi directiva. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el PMRT?”. 

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