EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA UNA
ENSOMBRECIDA LICITACIÓN DE US$ 1,177 MILLONES
La historia no contada de la más importante contratación del Estado
peruano a cargo de la estatal Petroperú, un proceso que grandes corporaciones internacionales
cuestionan por las irregularidades.
Una investigación del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC).
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| Refinería de Talara |
El 30 de octubre del 2009, el Comité Ad Hoc designado por Petroperú
para la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara
(PMRT) recibió las propuestas técnicas y económicas de las corporaciones
extranjeras interesadas en la obra de infraestructura cuantificada en US$
1,177.4 millones: la inversión más importante del Estado peruano en muchos
años. Precalificaron como postores 11 compañías. Sin embargo, en el acta de la
sesión (ver Documento Nº 1) se consigna que la brasileña Norberto Odebrecht, la
coreana Samsung Engineering y el consorcio de las españolas Dragados
Industriales e Intensa Ingeniería Industrial, no se presentaron. En cambio,
entregaron sus propuestas el consorcio japonés JGCMarubeni, el consorcio
brasileño-argentino-estadounidense Andrade Gutiérrez- Techint-Foster Wheeler,
así como la española Técnicas Reunidas. Todo parecía sobre ruedas.
El PMRT consiste en elegir a un contratista para mejorar la
producción de la refinería de Talara -- mediante los procesos FEED y EPC-- de
acuerdo con los estándares internacionales – desulfurización del diésel y las
gasolinas, habilitación de nuevas unidades de conversión--, así como el
incremento de la producción de 65 mil a 95 mil barriles diarios de petróleo y
la obtención de combustibles mucho menos contaminantes.
En el acto del 30 de octubre también estuvo presente el
representante del consorcio ítalocoreano Saipem y SK Engineering &
Construction, el francés Esteban Thibault, que formuló una protesta porque el
Comité Ad Hoc de Petroperú, bajo la presidencia de Ricardo Zúñiga Corzo, no aceptó
la propuesta de su consorcio porque Thibault había olvidado la carta que lo acreditaba
como representante calificado del postor.
Empero, antes de terminar la sesión Thibault pidió la palabra para
entregar el documento faltante. Pero el comité se lo negó alegando que no era
factible, de acuerdo con las bases de la licitación. E hizo leer lo siguiente:
“La presentación de propuestas en el acto se realizará llamando a los postores
en orden alfabético. Si el postor no se encuentra presente en ese momento,
perderá la oportunidad de presentar su propuesta”. Thibault respondió que la
sesión no había culminado y que las bases no prohíben la subsanación de un
error. Pero el comité no aceptó la reclamación. Sin embargo, el consorcio
Saipem-SK Engineering & Construction no fue el único con problemas a la
hora de presentar la documentación.
Los japoneses tuvieron el mismo problema. “La documentación técnica
(del consorcio JGCMarubeni) no se encuentra completa. El compromiso del
consorcio no se ha redactado según el formato establecido (…) en las bases. El
comité considera esto un defecto subsanable dando al postor un plazo de dos
días hábiles para subsanar esta omisión", señala el acta. Thibault
consideró arbitraria la decisión de la Comisión Ad Hoc, porque no se le dio la
misma oportunidad a su representada. Y así lo consignó en el acta: “El consorcio
Saipem-SK Engineering protesta por la no recepción de su propuesta, dado que el
consorcio ha proporcionado la información solicitada y todo esta información
solicitada está a disposición del comité al momento de la escritura del acta y
no existen razones que impidan la recepción de la propuesta”.
A continuación Thibault reclamó la misma deferencia que se le
ofreció a los japoneses. “El consorcio deja constancia que los dos días también
han sido concedidos a otro competidor para corregir errores en su oferta que se
hicieron evidentes durante la ceremonia de lectura del acta”. El comité se
mantuvo firme en su determinación. No cambió de opinión. “Sobre la protesta del
consorcio Saipem-SK Engineering, el comité considera que ha actuado en estricto
cumplimiento de los establecido (en las bases)”, aclaró: “Y respecto a la
subsanación de documentos solicitada al consorcio JGC-Marubeni, el comité (le
concedió dos días para subsanar los documentos) dada la condición de postor de
este último, condición de la cual carece el consorcio reclamante (Saipme-SK
Engineering)”.
La decisión del comité resultaba contradictoria, porque despojaba
de la categoría de postor a Saipem-SK Engineering por no contar con un
documento de representación y al mismo tiempo otorgaba la condición de postor a
JGC-Marubeni, antes que este consorcio completase los papeles que le faltaban.
Con este incidente fue que se inició el proceso de licitación para la modernización
de la refinería de Talara, la millonaria inversión del Estado peruano más importante
de los últimos años. La prensa peruana se limitó a difundir sencillamente los resultados,
más no el detalle de la competencia y la descalificación. Y no sería el único
episodio.
PUNTAJES QUE MATAN
Una vez seleccionados como postores JGCMarubeni, Constructora
Andrade Gutiérrez-Techint- Foster Wheeler y Técnicas Reunidas, el 20 de
noviembre del 2009 el Comité Ad Hoc sesionó para informar respecto a los
resultados de la evaluación técnica y dar cuenta de las propuestas económicas.
Lo primero que hizo el comité fue reportar que los japoneses
cumplieron con subsanar la documentación faltante y confirmó la descalificación
de Saipam-SK Enginieering. Petroperú retomaba con bríos el PMRT después que el
escándalo de los “petroaudios” sacudiera los cimientos de la compañía petrolera
estatal, lo que implicó el despido de importantes funcionarios, entre ellos el
presidente, el ingeniero César Gutiérrez Peña, el cinco de octubre del 2008.
Gutiérrez fue reemplazado el 11 de marzo del 2009 por el economista
Luis Rebolledo Soberón, ex funcionario de la Corporación Financiera del Perú
(Cofide) y cofundador de la Asociación Nueva Economía (ANE), junto con el ex
ministro de Vivienda y actual titular de Transportes, el aprista Enrique
Cornejo Ramírez. Durante la gestión de Cornejo en el despacho de Vivienda, el Fondo
Mi Vivienda, que depende de éste, contrató los servicios de ANE para la
organización de “desayunos empresariales”, entre 2007 y 2008. La Contraloría
intervino y concluyó que “a la fecha (en enero del 2009) figura como
representante legal Enrique Cornejo, ex ministro de Vivienda. Aun cuando la
vinculación no representa trasgresión de la normativa legal ni administrativa,
se enmarca en las prohibiciones éticas del servidor público”.
Al grupo de Cornejo y Rebolledo pertenece el economista Lino Cerna
Díaz, quien en el 2007 ocupó el decanato del Colegio de Economistas de Lima en
medio de disputas intestinas y demandas penales que hasta hoy se ventilan en el
Poder Judicial (ver nota aparte). En mayo del año que pasó, Rebolledo nombró a
Lino Cerna como Gerente del PMRT, a pesar de no contar con experiencia en
hidrocarburos y mucho menos en refinerías. Cerna sustituyó al ingeniero Pedro
Méndez Milla, con 30 años de labores en la empresa estatal, ex gerente general
de Petroperú y ex gerente de la Refinería de Talara. Por su notoria y necesaria
calificación, desde el 2005 Pedro Méndez estaba al frente de la gerencia del
PMRT, pero intempestivamente Rebolledo lo cambió por Lino Cerna Díaz. En
adelante, Pedro Méndez ya no tomaría decisiones, solo sería asesor técnico del
PMRT. Lino Cerna llevaría las riendas del proceso. Es así que en la sesión del
20 de noviembre del 2009, el Comité Ad Hoc dio a conocer el resultado de la evaluación
técnica:
a) Técnicas Reunidas, con 93.609 puntos,
b) JGC-Marubeni, con 70.117 puntos.
c) Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler, con 62.486 puntos.
Siendo 70 puntos el mínimo exigido para pasar a la siguiente fase
de la evaluación de la propuesta económica, Andrade Gutiérrez—Techint-Foster
Wheeler quedó fuera de carrera. Por su parte, los japoneses fueron sorprendidos
por el puntaje que el comité le adjudicó: habían conseguido pasar por la mitad
de un pelo a la siguiente etapa. Fuentes de Petroperú vinculadas con el proceso
de licitación que aceptaron hablar con la condición de no ser identificadas
–otros funcionarios de la petrolera estatal fueron entrevistados oficialmente
para la presente investigación, como se consignará más adelante--, dieron la
razón a JGC-Marubeni. “En las proyecciones que se hicieron sobre el resultado
de la licitación para el PMRT, estaba previsto que los japoneses quedarían en
primer lugar, los españoles de Técnicas Reunidas en segundo puesto y el
consorcio Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler en tercera ubicación”, explicaron
las fuentes: “Es obvio que los japoneses tienen mucha más experiencia. Haber obtenido
70 puntos ha debido ser un insulto para ellos. Eso explicación su posterior
reacción. Da la impresión que hicieron pasar a la segunda fase a JGC-Marubeni
para aparentar competencia. Pero lo cierto es que con ese puntaje los japoneses
virtualmente quedaron fuera”.
LAS PRIMERAS SORPRESAS
Las fuentes de Petroperú también indicaron que el puntaje otorgado
a Técnicas Reunidas era imposible, “porque está muy cerca de la perfección que
ninguna compañía podría haber alcanzado”, indicaron las fuentes. ¿El cambio del
Gerente del PMRT podría haber influido en la elección?, preguntamos a las
fuentes: “Lo que podemos decir es que Lino Cerna no sabe nada del negocio petrolero.
Lo colocaron en lugar de un gran conocedor, Pedro Méndez Milla. ¿En qué país
del mundo se cambia de la noche a la mañana a un funcionario de experiencia en
un proyecto de significativa envergadura por otro que no sabe nada del asunto?
Fue una muy mala señal para los postores”, respondieron. En la misma sesión del
20 de noviembre, el representante de Andrade Gutiérrez—Techint-Foster Wheeler,
Rui Martins, expresó al Comité Ad Hoc que no estaba conforme con la
descalificación del consorcio porque se habían registrado irregularidades
durante el proceso. El consorcio había requerido información y el comité se lo negó.
“Dejamos constancia de nuestra disconformidad con los resultados de la
evaluación técnica. También dejamos constancia de que no se ha puesto en
conocimiento de los postores los puntajes/evaluaciones parciales que han dado
lugar al puntaje final anunciado (por el comité) y los criterios empleados por
el comité para su asignación, después de haberlo solicitado. (…) Nos reservamos
el derecho de impugnar”, señaló Martins (ver Documento Nº 2).
Por supuesto, los japoneses de JGC-Marubeni tampoco se quedaron
callados. Sabían que los 70.117 puntos que le había asignado el comité en la
práctica los descalificaba. Necesitaban 20 puntos para superar a los españoles.
Habían previsto que arrollarían en la evaluación técnica. Era virtualmente
imposible superar los más de 93 puntos de Técnicas Reunidas.
JAPÓN LEVANTA LA VOZ
Koichi Yoshida habló en representación del consorcio nipón, en tono
tranquilo: “Solicitamos nos proporcionen el detalle del cálculo de la
puntuación de cada postor. Es solo una solicitud desde el punto de vista de la
transparencia del proceso”. Sin embargo, el comité alegó que se proporcionaría
la información, “pero después de otorgada la buena pro”. Es decir, cuando todo estuviera
consumado. Además, había una restricción: no había acceso a “la documentación
(…) que haya sido motivo de suscripción de un compromiso de confidencialidad
por Petroperú”. En los boletines oficiales de la empresa petrolera no se
consignaban los incidentes, las protestas y las quejas de los postores.
Sencillamente se daba cuenta de los resultados. Todavía faltaba el resultado de
la evaluación económica.
El 11 de diciembre del 2009, el comité dio a conocer los resultados
de la evaluación comercial: “La propuesta del consorcio JGC-Marubeni ha sido
descalificada por haber incluido en su propuesta condiciones no establecidas en
las bases” (ver Documento Nº 3), señaló el comité, pero no ofreció precisiones
y mucho menos indicó que puntaje había alcanzado el consorcio nipón.
GRITO AL CIELO
“La calificación de la propuesta comercialdel postor Técnicas
Reunidas es 100.000 puntos”, indicó el consorcio, concluyendo: “Por
consiguiente el resultado de la evaluación técnicocomercial de las propuestas
es el siguiente: Técnicas Reunidas, puntaje: 96.805 puntos”. Pero la española
no tuvo competidor, porque al final el Comité Ad Hoc no calificó la propuesta económica
de los japoneses. Simplemente no la consideró porque contenía “condicionantes”.
Koichi Yoshida, representante de JGC-Marubeni, estalló. “Nosotros no estamos en
posición de aceptar, ni estamos de acuerdo con los resultados del proceso de
evaluación, dado que hay algunas dudas (…), por lo que solicitamos, con
firmeza, los siguientes tres puntos para revisar los resultados del proceso en
detalle”, dijo Yoshida. “Primero, favor indicarnos el motivo de nuestra
descalificación. Quisiéramos saber qué parte de nuestra propuesta se consideró
y evaluó como ‘condicionada’, porque nuestra propuesta no incluyó ninguna excepción/condicionamiento
a los documentos de licitación”, explicó Koichi Yoshida:”Segundo, le solicitamos
nos proporcionen todos los documentos relacionados al proceso de licitación, incluyendo
(1) todas las propuestas y documentos presentados por el postor adjudicado (Técnicas Reunidas), y (2) los reportes de evaluación y cualquier
otro documento preparado por Petroperú para efectos de la evaluación”.
El consorcio japonés dudaba de la veracidad de la información
suministrada por Técnicas Reunidas, de allí que requería toda la documentación
para establecer si era cierto lo que acreditaba la compañía española antes que
Petroperú suscriba el contrato. “Tercero, por favor verificar minuciosamente de
nuevo la información del postor adjudicado, especialmente la experiencia de la
organización (Técnicas Reunidas) y la experiencia del Gerente del Proyecto previo
a la firma del contrato”, argumentó Yoshida: “Para tal propósito, pedimos a
Petroperú solicite al postor adjudicado la presentación de la documentación que
acredite lo presentado y certificar así dicha información. Además, (pedimos)
que nos permita el acceso a la mencionada información para confirmar que sea
correcta y así seguir las reglas del proceso”. De acuerdo con los japoneses, no
podía haber otra compañía con más experiencia que ellos.
DESACUERDOS EN BLANCO Y NEGRO
La respuesta del Comité Ad Hoc no fue, en aras de la transparencia
del proceso, admitir la solicitud del consorcio nipón. Le señaló a Yoshida que
únicamente acogerían el requerimiento de información siempre y cuando lo hacían
mediante la modalidad del recurso de apelación, pero solo después de otorgada
la buena pro. La respuesta del comité motivó la reacción del consorcio Andrade
Gutiérrez-Techint-Foster Wheeler. De haber sido un ejemplar y transparente
proceso de licitación, probablemente los postores no habrían formulado tan
graves cargos. Dijo Rui Martins, del consorcio
brasileño-argentinoestadounidense: “Ratificamos nuestra total disconformidad
con el proceso de evaluación de las propuestas técnicas y con los resultados
otorgados a nuestra propuesta en particular (ya que) no reflejan la experiencia
acumulada de las empresas que integran nuestro consorcio”, alegó: “Luego de
revisar la poca información entregada por el comité sobre la evaluación técnica
consideramos que algunos de los criterios de evaluación podrían haber sido mal
aplicados y/o que la información presentada por los postores podría haber sido
analizada de manera incorrecta o inclusive no verificada, afectándose la transparencia
que inspira un proyecto tan significativo para el Estado peruano”.
Luego, como cuestión de fondo, Martins profundizó en un aspecto que
había sido mencionado por Koichi Yoshida: Técnicas Reunidas postuló como
gerente del PMRT a una persona a la que acreditó una experiencia que colisiona
con la realidad. “Llama la atención del resultado de la evaluación del Gerente
del Proyecto (…), (ya que) no podemos entender cómo alguna empresa obtuvo un
puntaje tan cercano al máximo, (lo que) implica haber presentado a un
profesional que ha participado de forma integral en por lo menos cuatro (4)
proyectos con un valor superior a los US$ 1,300 millones cada uno en un plazo
de cinco años. (Porque) es de conocimiento en la industria (petrolífera) que
proyectos de tal envergadura tienen un plazo de ejecución generalmente no
menores a 36 meses”, argumentó Rui Martins. Es decir, que es imposible que la
persona propuesta por Técnicas Peruanas haya gerenciado cuatro proyectos de modernización
de refinerías en cinco años, porque para cada proyecto se ejecuta en un periodo
como mínimo 36 meses cada uno. Según Técnicas Reunidas, su profesional hizo en
60 meses (cinco años), lo que en el mercado internacional demanda 144 meses (12
años). “Por lo antes expuesto, nuestro consorcio reitera que en nuestra opinión
existirían vicios que podrían acarrear la nulidad del presente proceso
licitatorio”, concluyó Rui Martins: “Asimismo, en aplicación al principio de
transparencia, consideramos que el comité debió hacer público el detalle de la
oferta económica adjudicada”.
El presidente de la Comisión Ad Hoc, Ricardo Zúñiga Corzo, como en
las anteriores ocasiones, contestó que los cuestionamientos se resolverían
siempre y cuando los postores presentaban un recurso de apelación y éste
resultaba aceptado por el comité. Zúñiga recordó que interponer el recurso de
apelación implica el abono de una carta fianza del 1 por ciento del total del
proyecto. Esto es, US$ 11.7 millones. Si el comité no le da la razón a la
empresa impugnadora, esta pierde el dinero.
El 16 de diciembre del 2009 se venció el plazo para que alguno de
los postores interpusiera alguna apelación. Nadie lo hizo, quedando consentida
la buena pro a favor de Técnicas Reunidas. Pero todavía no está consumado todo.
EL TRAMO FINAL
En una entrevista con el gerente del PMRT, el economista Lino Cerna
Díaz, quien se presentó en compañía de su antecesor, Pedro Méndez Milla --
ahora labora como asesor del proyecto--, señaló que las quejas que formulan los
postores que no resultan ganadores en una licitación, son frecuentes y que
éstas son acogidas como estipulan las bases del proceso. Cerna reconoció que
los consorcios JGCMarubeni y Andrade Gutiérrez-Techint-Foster Wheeler
plantearon objeciones y que anunciaron que impugnarían los resultados de
licitación. “Sin embargo, transcurrido el periodo previsto para que presenten
por escrito sus respectivos recursos, ninguna compañía ha presentado nada.
Tenían el derecho a a apelar, pero no lo hicieron. Esto demuestra que el
proceso ha sido transparente. Si no presentaron nada es porque no están convencidos
de sus argumentos”, explicó.
“Cualquiera de las 11 compañías precalificadas podía ganar. Todas
son buenas, de primer nivel en el mundo”, anotó Pedro Méndez.
Al indicársele que los consorcios JGC-Marubeni y Andrade
Gutiérrez-Techint-Foster Wheeler coincidían en cuestionar la experiencia
acreditada por Técnicas Reunidas para su Gerente de Proyecto, en el sentido de
que no podía ser cierto que haya dirigido procesos de modernización de
refinerías de petróleo en un lapso de 15 meses cuando el periodo mínimo es de
36 meses; Lino Cerna respondió: “La información sobre ese punto se encuentra en
proceso de verificación. Queremos asegurarnos de que todo se encuentre acorde
con lo estipulado en las bases. Nos encontramos en la etapa de revisión técnica
de la información. Esto lo hacemos de oficio”. Esto es, todavía no está dicha
la última palabra. El gerente del PMRT evitó adelantar qué pasaría si se
comprueba que la información de Técnicas Reunidas no ha sido confirmada.
MANCHADA HOJA DE VIDA
Preguntado Lino Cerna por qué fue reemplazado el ingeniero Pedro
Méndez Milla, con amplia experiencia en hidrocarburos –fue gerente general de
Petroperú y gerente de la refinería de Talara--, responsable del proyecto desde
el 2005, manifestó que se trataba de una política interna de reforzamiento.
“Además, Pedro Méndez está aquí con nosotros como asesor técnico”, sin embargo,
sin capacidad decisoria.
El gerente de proyecto argumentó, que en efecto, es un economista
de profesión y no un ingeniero especializado en hidrocarburos. “El Comité Ad
Hoc es multidisciplinario, hay profesionales de distintas áreas, y
evidentemente cada uno aporta sus conocimientos con el objetivo de elegir al
mejor postor, dijo. Sin embargo, en el currículo de Cerna hay episodios de conflictos
y procesos judiciales con su gremio.
El 10 de diciembre del 2005, Ulises Montoya Alberti fue elegido
decano del Colegio de Economistas de Lima (CEL) y así lo proclamó el comité
electoral presidido por Jorge Gagliardo Gamarra. Lino Cerna Díaz, que postuló y
quedó en segundo lugar, impugnó los resultados. Gagliardo convocó nuevamente a proceso
en el que se presentó solo Cerna y ganó. Sin embargo, Ulises Montoya recurrió
al Poder Judicial y lo reconoció que era el decano legítimamente elegido. Lino
Cerna, en desacuerdo, asumió un decanato paralelo y se instaló en otro local,
entre el 2006 y 2007. Según el Informe de Auditoría Operativa y Gestión que
aplicó el CEL para el periodo del 2006 al 2008, la gestión de Cerna perpetró
una serie de irregularidades y se recomendó iniciar acciones legales contra
este y el presidente del comité electoral, Jorge Gagliardo, entre otros. Cerna
asumió función indebida “por espacio de un año y tres meses, desarrollando
actividades propias del CEL, tales como cobranzas, gastos, colegiaturas, etc.”,
indica la auditoría del 15 de enero del 2009: “La administración de Lino Cena
Díaz no fue reconocida legalmente por el Poder Judicial, motivo por que el que
tuvo que hacer entrega del local y el acervo documentario al consejo directivo
presidido por Ulises Montoya”.
El 30 de marzo del 2007, el consejo directivo del CEL denunció a
Lino Cerna y otros por los delitos de estafa, usurpación agravada, falsedad
genérica, asociación ilícita, entre otros. Y el 22 de junio del mismo año el EL
interpuso contra Cerna otra demanda de indemnización por responsabilidad
extracontractual, por 300 mil soles por daño emergente y 264 mil soles de lucro
cesante. El primer caso está en el 20º Juzgado Penal de Lima (expediente
207-141).
Los procesos alcanzan a todos los miembros de la directiva ilegal
de Lino Cerna, entre los que se encuentra Ascensión Cubas Muñoz, involucrado en
la adquisición de repuestos para misiles Otomat, junto con el empresario
italiano Sergio Siracusa Mule. El 10 de octubre de 1996, el entonces ex
presidente Alan García desde el exilio envió una carta al diario “La República”
para acusar a Siragusa, quien también estuvo relacionado al supuesto pago de
sobornos a funcionarios del primer gobierno aprista en relación a la
construcción del Tren Eléctrico.
Sergio Siragusa representó al Consorcio Tralima – encargada de la
habilitación del tren-- y a Oto Melara mediante su empresa particular Procre.
Luego Siracusa transferiría la representación de Oto Melara a su colaborador,
Ascensión Cubas Muñoz, quien después formaría su propia compañía, Ereconsa, se
quedó con la representación de la empresa italiana de armamentos Oto Melara.
Curiosamente, en la directiva de Lino Cerna, Cubas se ocupó de la Dirección de
Ética Profesional.
Con estos antecedentes y relaciones Lino Cerna fue convocado por el
nuevo presidente de Petroperú, Luis Rebolledo Soberón –quien asumió funciones
el 12 de marzo del 2009--, para ocupar en abril del mismo año la gerencia del
proyecto más importante no solo de la compañía petrolera estatal sino del país:
la modernización de la refinería de Talara. “Una empresa que pretende alcanzar
nivel internacional no puede tener un funcionario con una hoja de vida con las características
señaladas”, dijo un funcionario de Petroperú que aceptó hablar sin ser mencionado:
“Supimos por el contacto que tenemos con las corporaciones petroleras
mundiales, que están muy decepcionadas por el proceso. Algunas no quieren decir
nada en público porque tienen proyectos en ejecución en el Perú. Nos parece que
algunas van a apelar a las altas instancias del gobierno”.
“Tuve el honor de haber sido decano del Colegio de Economistas de
Lima”, dijo Lino Cerna: “Los problemas judiciales han sido resueltos a mi
favor. Y respecto a Ascención Cubas Muñoz, efectivamente fue parte de mi
directiva. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el PMRT?”.
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